JUECES PIDEN MEDIOS ADECUADOS PARA EJECUTAR MEDIDAS TERAPEUTICAS A MENORES

Jueces piden "medios adecuados" para ejecutar medidas terapéuticas a menores VALENCIA, 17 JUNIO 2009


Valencia, 17 jun (EFE /EL CONFIDENCIAL).- Medio centenar de jueces y expertos en legislación de menores han pedido hoy a las administraciones autonómicas que doten a esta jurisdicción de los medios adecuados para poder ejecutar correctamente las medidas terapéuticas impuestas a los menores de edad que cometen actos delictivos.

Esta es una de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores, celebradas en Valencia y en las que, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados y técnicos han debatido los diferentes delitos cometidos por este grupo de la población.

El seminario, que ha abordado asuntos como la violencia escolar, los delitos cibernéticos y la violencia cometida por menores en el ámbito familiar, ha sido clausurado hoy en la Ciudad de la Justicia por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien ha destacado las carencias de los centros para menores y ha pedido "más medios" para dotarlos.

"La mayoría de centros de menores no disponen de los recursos necesarios para poder aplicar los tratamientos terapéuticos", se ha quejado.

En ese sentido, ha señalado que en materia de protección, cuando se trata de un menor con problemas de conducta pero que no ha cometido ningún delito, "no se le puede dar respuesta en el ámbito social porque no la hay".

En cuanto a los problemas jurídicos derivados de los delitos cibernéticos cometidos por los menores, los asistentes a las jornadas han concluido que hay que evitar "espacios de impunidad" para la comisión de esos actos delictivos así como regular "oportunamente" las responsabilidades civiles derivadas de éstos.

La responsabilidad civil debería recaer, a su juicio, en las páginas web que "permiten" la comisión de esos delitos -por ejemplo, en las que se "cuelgan" vídeos de agresiones- o, en su defecto, en el Estado.

Como mecanismos para evitar el uso o acceso indebido de menores a la Red proponen instituir técnicas de filtros que garanticen la autenticidad de los datos que se introducen en la página web, fundamentalmente la edad.

Respecto a la violencia escolar, que ha sufrido un aumento "considerable" en los últimos años, los magistrados han instado a los poderes públicos a incentivar todas aquellas medidas que promuevan la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores como garantía de la educación.

Consideran, además, que es necesario que en el ámbito educativo los menores tengan "pleno conocimiento de la justicia penal juvenil con el fin de prevenir estas actitudes violentas".

Asimismo, han instado a la comunidad educativa y de los organismos competentes a la detección de variables como el fracaso escolar que, en su opinión, inciden de forma significativa en la delincuencia juvenil, "para poder prevenirla".

Respecto a la violencia cometida por los menores en el ámbito familiar, han abogado por el desarrollo de una política de prevención del maltrato de los hijos hacia los padres con campañas divulgativas sobre normas y pautas educativas para prevenir el problema y sus consecuencias.

En sus conclusiones, los magistrados han denunciado que la protección de menores en España "no funciona" y que, por ello, se ven obligados a "judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito familiar y social".

Han instado también a las instituciones penitenciarias a disponer de los medios necesarios para que en el caso de los jóvenes sometidos a medidas de larga duración "se cumpla siempre la finalidad reeducativa de la Ley del Menor". EFE mac/jc/jmi
EC

Bravo (CGPJ) advierte de que la mayoría de centros para menores no tiene recursos para aplicar tratamientos terapéuticos

VALENCIA, 17 Jun 2009. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió hoy de que la mayoría de centros previstos para menores no dispone de recursos "necesarios" para poder aplicar tratamientos terapéuticos, al tiempo que insistió en la falta de recursos administrativos.

Bravo se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de clausurar las Jornadas Nacionales de Magistrados de Menores en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde resumió algunas de la conclusiones sobre problemas de la jurisdicción del menor.

Uno de los "problemas", según dijo, es que la mayor parte de los centros previstos para menores no cuenta con recursos suficientes para aplicar tratamientos terapéuticos; y otro es que, en materia de protección, no se puede dar ninguna respuesta a menores con problemas de conducta que no han cometido ningún delito porque "no hay protección". Por este motivo, instó a la Administración del Estado a que afronte "de forma adecuada" la cuestión de la salud mental infanto-juvenil en España, y la "necesaria" coordinación de los recursos sanitarios y de justicia penal.

En general, indicó que la protección de menores en España "no funciona adecuadamente" por "falta de medios", por lo que los jueces "se ven obligados a judicializar conflictos que tendrían que ser resueltos en el ámbito de la protección, en el ámbito familiar y en el social". Además, considera, como otra de las conclusiones de la jornada, que rebajar la edad penal a 12 años es reconocer el fracaso educativo, social y familiar del sistema español.

En este punto, señaló que, en cuanto al presente y futuro de la jurisdicción de menores, se acordó, tras las jornadas, fomentar la celeridad en el proceso penal del menor, con la finalidad de que éste reciba una respuesta "inmediata" a su conducta infractora. Junto a ello, abogaron por implicar a las entidades públicas, encargadas de la ejecución de las medidas, para que se doten de los medios materiales y efectivos necesarios para dar cumplimiento a las sentencias.

También, en materia de ejecución penal de las medidas, previstas en la Ley Penal, afirmó que la falta de recursos administrativos en la ejecución "no puede frustrar los principios fundamentales que inspiran la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor". Así, indicó que desde la Fiscalía de Menores y las distintas administraciones "debe impulsarse el expediente único del menor como único medio para una mayor respuesta jurisdiccional", y recomendó a los Colegios de los Abogados la adopción de protocolos para la designación de un único letrado por menor, que ejerza su defensa en todas las causas.

También instó a las administraciones penitenciarias a que se dote de los medios necesarios para que, en el caso de jóvenes sometidos a medidas de larga duración, se cumpla la final reeducativa de la Ley del Menor; e instó a las administraciones para que doten a esta jurisdicción de los medios "adecuados" para poder ejecutar correctamente las medidas terapéuticas impuestas a los menores, "puesto que en esta materia es uno de los espacios donde más carencias tenemos", dijo.